OpenAI: de la promesa altruista al IPO 

La traición, según Elon Musk

En diciembre de 2015, Elon Musk y Sam Altman fundaron OpenAI como organización sin fines de lucro. Su promesa era solemne: desarrollar inteligencia artificial «para el beneficio de toda la humanidad», sin presiones comerciales. Se presentó como un «Manhattan Project» de nuestra era. Musk aportó decenas de millones y talento clave. Los correos fundacionales eran claros: la tecnología sería propiedad de la fundación y usada para el bien del mundo.

Hoy OpenAI vale más de 850.000 millones de dólares, es socia estratégica de Microsoft, creó ChatGPT y camina hacia una IPO (Initial Public Offering). Esta transformación es el centro del juicio Musk vs. Altman, cuyo veredicto llegó el 18 de mayo de 2026. La acusación central de Musk: Altman violó el mandato benéfico que era la base legal de OpenAI —el principio que prohíbe que los activos de una ONG generen beneficio privado para quienes la controlan.

Pero crear modelos AI no es ni fácil ni barato: entrenar modelos de IA cuesta fortunas que ninguna ONG puede sostener con donaciones. En 2019 crearon una subsidiaria con fines de lucro «con tope» para captar capital. Microsoft puso 13.000 millones y cuando ChatGPT explotó, el cambio se volvió irreversible. En octubre de 2025 OpenAI completó su conversión a Public Benefit Corporation. Y el primer día del juicio anunció junto a Microsoft la eliminación de la cláusula AGI —la protección que le daba a la fundación el derecho de cancelar los derechos comerciales de Microsoft si se alcanzara la inteligencia artificial general. La última salvaguarda de la misión desapareció el día que empezaba el juicio sobre si esa misión había sido traicionada.

Pero el juicio reveló que la transición no fue tan limpia. En 2017, mientras Altman le aseguraba a Musk que seguía «entusiasmado» con la estructura sin fines de lucro, Greg Brockman escribía en su cuaderno personal: «No puedo creer que nos comprometimos con ser sin fines de lucro si tres meses después vamos a ser una empresa con fines de lucro. Entonces fue una mentira.» Ese cuaderno fue evidencia en el juicio.

El juicio expuso además un episodio que OpenAI preferiría olvidar. En noviembre de 2023 el directorio removió a Altman por cuatro votos contra dos: los documentos que motivaron el despido listaban «Mentir» como primer punto de una lista de conductas que documentaban su deshonestidad sistemática con la junta. Volvió en cinco días, empujado por una rebelión de 750 empleados y por Microsoft ofreciendo contratar a todo el equipo. La investigación que justificó su regreso nunca produjo un informe escrito.

Lo que hace ese episodio especialmente revelador es lo que Altman había declarado seis meses antes ante el Senado de EE.UU.: «No tengo acciones en OpenAI. Me pagan lo suficiente para el seguro médico.» Luego se supo que acumulaba más de 2.000 millones en empresas vinculadas a OpenAI. Por otro lado, Brockman tiene participaciones en CoreWeave y Cerebras, ambas con contratos millonarios con OpenAI.

El jurado tardó menos de dos horas en fallar, y no fue sobre el fondo. El problema de Musk fue procesal: ya en 2020 había tuiteado que OpenAI estaba «capturada por Microsoft», lo que significaba que conocía los hechos que lo agraviaban. El plazo legal de tres años vencía en 2023, y él demandó en 2024. Todo lo demás —los documentos, las admisiones, el autobeneficio— quedó sin juzgarse. El jurado nunca decidió si OpenAI violó su mandato benéfico. Musk apelará.

La gran pregunta del juicio —¿puede una organización creada para beneficiar a la humanidad convertirse en un gigante comercial sin traicionar su propósito?— sigue sin respuesta clara. Y deja abierta una pregunta incómoda que va más allá del juicio: ¿puede una organización sin fines de lucro sostener las inversiones de miles de millones que hoy requiere la IA, sin terminar sirviendo a los intereses de quienes la financian?