El arancel de Trump no es por lo que exportamos, es por lo que no legislamos

Desde el viernes 24 de julio, Estados Unidos aplicara un arancel adicional de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones de 60 países, incluido Uruguay, que pasó del 10% al 12,5%. La medida no es una guerra comercial clásica: nace de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre qué países no prohíben explícitamente la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso. El criterio fue binario: quien tiene una ley pero no la aplica con firmeza paga 10%; quien directamente no tiene esa ley, como Uruguay, paga 12,5%.

¿A quién más le pasó lo mismo? Uruguay no está solo en el tramo más alto. Comparte el 12,5% con Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Venezuela y Bahamas —una lista que mezcla economías muy distintas entre sí, lo cual ya es motivo de pregunta legítima sobre el criterio real detrás de la clasificación.

Juan Labraga, director de Asesoría Política Comercial del MEF, explicó que Uruguay pasará de 10% a 12,5% en algunos productos, pero relativizó el golpe: tres cuartas partes del comercio bilateral, según sus cálculos, quedan exceptuadas porque los rubros más grandes —carne bovina y celulosa— no fueron alcanzados. Es un dato cierto. Pero conviene no confundir volumen de comercio con gravedad del problema: el arancel no castiga lo que Uruguay vende, castiga una ley que Uruguay todavía no sancionó. 

¿Por qué lo hace Estados Unidos? El representante comercial Jamieson Greer sostuvo que Estados Unidos mantiene desde hace casi un siglo una prohibición sobre este tipo de importaciones y que sus socios comerciales deberían adoptar medidas similares. Washington exige una simetría legal, no una promesa de buena conducta.

Lo que Labraga no explica del todo es la demora: si la investigación se conocía desde marzo, ¿por qué la ley que hoy se promete recién aparece meses después, incluida como un artículo dentro del proyecto de ley de competitividad?

¿Cómo impacta realmente? No en la carne ni en la celulosa, exceptuadas, sino en dos sectores concretos: la madera para construcción, con unos US$40 millones exportados el año pasado, y los implantes médicos, con US$30 millones. Son negocios más chicos, con menos capacidad de hacerse escuchar en Montevideo o en Washington. Ahí está el costo real, aunque el porcentaje total suene manejable. Como contrapartida, la madera de pino, que hasta la víspera pagaba 10%, quedó directamente exceptuada del nuevo esquema.

Quedan preguntas abiertas: ¿cuánto tardará Estados Unidos en revisar a Uruguay una vez vigente la nueva ley? Ni el Gobierno ni el USTR dieron plazos.