Economía

Profesionalización del sector inmobiliario

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El sector inmobiliario atraviesa un proceso de transformación profunda, impulsado por la reciente entrada en vigor de la Ley N° 20.380 de Operadores Inmobiliarios

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Profesionalización del sector inmobiliario

Un nuevo paradigma regulatorio en Uruguay

Por Dra. Martina Martínez 

El sector inmobiliario atraviesa un proceso de transformación profunda, impulsado por la reciente entrada en vigor de la Ley N° 20.380 de Operadores Inmobiliarios, sancionada en septiembre de 2024. Esta nueva normativa establece un marco legal moderno, que busca jerarquizar la actividad y fomentar su profesionalización. Se trata de una apuesta clara por mejorar los estándares de transparencia, ética y competencia en un mercado clave para el desarrollo económico del país.

Punta del Este: epicentro de impacto y cambio

En un escenario como el de Punta del Este, donde confluyen inversiones nacionales y extranjeras, el nuevo marco legal adquiere especial relevancia. La creciente demanda habitacional, turística y corporativa ha generado un aumento significativo en el número de operadores, agentes y brókeres. Frente a este contexto, la ley se presenta como una herramienta esencial para ordenar la actividad y brindar mayor seguridad a los usuarios.

Registro obligatorio y requisitos para operar

Uno de los pilares de la ley es la creación del Registro de Operadores Inmobiliarios, que exige requisitos básicos para ejercer:

  • Ser mayor de edad y ciudadano uruguayo o residente legal.
  • Estar inscripto en organismos fiscales y de seguridad social.
  • No estar inhabilitado para ejercer el comercio ni poseer antecedentes por delitos contra la propiedad o la fe pública.
  • Estar registrado ante la SENACLAFT.
  • Contar con matrícula habilitante emitida por el órgano competente.

Formación específica: eje de la profesionalización

La ley establece que los operadores deberán contar con formación técnica específica. Ya no basta con la experiencia o la intuición comercial: se reconoce que la intermediación en inmuebles implica conocimiento profundo del mercado, aptitudes para la tasación, gestión, asesoramiento legal básico y nociones sobre la infraestructura urbana y rural. Esta exigencia eleva la vara del profesional inmobiliario, consolidando su rol como asesor de confianza.

Derechos, deberes y garantías para todos

El nuevo marco regula de forma clara los derechos y obligaciones de los operadores:

  • Autorización expresa del cliente mediante acuerdo firmado.
  • Facultad de solicitar documentación del inmueble, atribución que antes solo correspondía al escribano.
  • Tasaciones profesionales, se habilita a los operadores a realizar avalúos que reflejen el valor justo del mercado, beneficiando a compradores y vendedores por igual.
  • Honorarios y reintegro de gastos: queda consagrado el derecho a percibir honorarios por sus servicios, así como el reintegro de gastos previamente pactados con el cliente.

Régimen disciplinario y responsabilidad profesional

Como complemento al nuevo marco regulatorio, también se han establecido sanciones específicas para quienes incumplan sus obligaciones como operadores. Las medidas van desde observaciones y apercibimientos hasta multas económicas y, en casos más graves, la suspensión o inhabilitación temporal del ejercicio profesional. 

Esto refuerza el compromiso con un ejercicio serio y alineado a los principios de legalidad, ética y transparencia.

Un antes y un después para el sector

La Ley N° 20.380 marca un antes y un después para el negocio inmobiliario en Uruguay. 

El Estudio Mecol & Rodríguez, como Escribanos, Abogados y Contadores especializados en el sector inmobiliario, celebramos este avance normativo que fortalece la transparencia y eleva los estándares de profesionalismo. 

Nuestra práctica diaria está profundamente enfocada en brindar a nuestros clientes operaciones seguras, asesoramiento integral y estructuras contractuales sólidas. Entendemos que la profesionalización del ecosistema inmobiliario es clave para que cada negocio que se concrete, se desarrolle con mayor seguridad jurídica, previsibilidad y confianza para todas las partes involucradas.



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