Debate sobre Radares, Multas y Seguridad Vial

El tránsito en Maldonado se convirtió en el epicentro de un tenso intercambio entre el diputado y candidato a la intendencia por Unión y Cambio, Rodrigo Blás, y el director de Tránsito de la Intendencia, Juan Pígola. Lo que comenzó con una crítica a los radares y las multas terminó en un cruce de acusaciones que pone en el centro del debate la seguridad vial, la fiscalización y la ética en campaña.

Blás encendió la polémica al declarar que el sistema de radares está diseñado más para sancionar que para prevenir. En una entrevista con FM Gente, afirmó que las multas millonarias “obligan a la gente a trabajar para pagarlas”. Propuso un enfoque más flexible: “Si una infracción es aislada y no habitual, la multa debería desaparecer tras un período de revisión”. Estas declaraciones apuntaron directamente a un cambio estructural en la fiscalización del tránsito.

La respuesta de Pígola no tardó en llegar. Catalogó las palabras de Blás como “demagogia” y cuestionó la responsabilidad de politizar un tema tan sensible como la seguridad vial. “La vida humana no puede ser una estrategia de campaña”, afirmó, y defendió que el sistema actual está respaldado por normativa legal y diseñado para reducir la siniestralidad, objetivo que asegura se ha cumplido.

El enfrentamiento dejó al descubierto dos visiones opuestas sobre cómo gestionar el tránsito en Maldonado. Por un lado, Blás enfatizó la necesidad de modernizar y humanizar la fiscalización. “Los radares deben estar en revisión constante. Gobernar no es medir el propio ombligo, sino mantener una visión global”, sostuvo, y recordó errores recientes en infraestructura vial, como rotondas mal diseñadas y pasos de cebra efímeros.

Pígola, por su parte, defendió los logros de la administración actual y acusó a Blás de proponer soluciones improvisadas y populistas. “Modificar el sistema requiere cambios normativos complejos. Esto no es soplar y hacer botellas”, señaló.

El debate también tomó un giro personal. Blás respondió a las críticas de Pígola calificándolas de “ataques personales” y acusándolo de desviar la atención de los problemas reales. “No aceptar una visión diferente es la vieja política de cancelación”, argumentó, reafirmando que su propuesta no es improvisada y que cuenta con el respaldo de asesores y estudios sobre movilidad urbana.

Mientras tanto, el tema divide a la opinión pública. Para algunos, los radares representan un abuso recaudatorio; para otros, son una herramienta crucial para salvar vidas. Sin embargo, ambos bandos coinciden en que el tránsito es un problema urgente que requiere soluciones claras y responsables.

Más allá de los discursos, la discusión plantea interrogantes sobre el equilibrio entre fiscalización, seguridad vial y justicia social. ¿Hasta qué punto el sistema actual responde a las necesidades de los ciudadanos? ¿Es posible humanizar las políticas de tránsito sin comprometer la seguridad? Maldonado, una vez más, se encuentra en una encrucijada, donde el debate entre la eficiencia técnica y el discurso político busca encontrar su camino.