Uruguay no es Pakistán. Pero la lógica de los mercados es implacable: el riesgo de compliance se paga caro, y hoy ese riesgo está sobre la mesa.
marzo 2026
Por Esteña Press
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Redes SocialesLo que Uruguay se juega en el Parlamento
Hay una cifra que todo inversor que opera en Uruguay debería conocer antes de que el Parlamento vote esta reforma: cuando Pakistán cayó en la lista gris del GAFI en 2019, el país perdió estimadamente US$ 10.000 millones en comercio e inversión en los años siguientes. Uruguay no es Pakistán. Pero la lógica de los mercados es implacable: el riesgo de compliance se paga caro, y hoy ese riesgo está sobre la mesa.
El proyecto de ley que modifica más de 30 artículos de la Ley Integral contra el Lavado de Activos de 2017 no es un trámite burocrático. Es la carta de presentación que Uruguay llevará a su próxima evaluación mutua del GAFILAT, el organismo regional que audita si el país cumple los estándares internacionales. Una nota baja en esa evaluación no produce titulares inmediatos, pero sí consecuencias concretas: mayor costo de crédito internacional, escrutinio reforzado sobre las instituciones financieras locales y, en el peor escenario, restricciones que afectan directamente la operativa de bancos y empresas con exposición regional.
Para una plaza como Uruguay —que atrae capitales extranjeros por su estabilidad jurídica, su banca privada consolidada y su mercado inmobiliario de alta gama, especialmente en Punta del Este— cualquier deterioro en la percepción de riesgo antilavado tiene efectos directos sobre el flujo de inversión. El propio GAFILAT identificó que la Ley de Urgente Consideración del gobierno anterior, al subir el tope de operaciones en efectivo a US$ 160.000, bajó la percepción de riesgo de las transacciones y alivió los requisitos de debida diligencia, un punto que el organismo mantuvo como observación en la autoevaluación de riesgos del país.
La propuesta oficial de reducir ese tope a US$ 32.000 apunta directamente a corregir esa señal. Pero la reforma llega trabada: la oposición rechaza las nuevas potestades de inspección de la Senaclaft sin orden judicial, cuestiona la eliminación de la fiscalía especializada y negocia artículo por artículo. Cada semana de demora es una semana menos de margen para llegar a la evaluación con el marco legal ajustado.
El mercado no vota en el Parlamento. Pero toma nota.
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